En cualquier empresa privada los presupuestos, están pensados, planificados y preparados para cubrir todos los egresos en materias primas, salarios, prestaciones, seguros, los insumos adicionales y gastos generales, y además, el presupuesto debe prever superávit para financiar el crecimiento. Si se prevé endeudamiento para ampliación en la gama de productos o la cuota de mercado, hay que plasmar los ingresos para cumplir los compromisos financieros.
Si esto no se le demuestra a los bancos con flujos de ingresos y egresos creíbles, para el futuro a corto, medio y largo plazo, no otorgan los créditos, aunque se disponga de suficientes garantías hipotecarias.
Así es, a nadie le prestan dinero con presupuestos desfinanciadas y lo mismo sucede con los créditos personales, si no demuestra su salario en la nómina de su empresa o ingresos fijos por otras fuentes, y además, que le sobre el 40% de sus gastos regulares, tampoco conceden un préstamo.
Sin ser economista, ni especialista en los números macroeconómicos del país, pero con sentido común, me pregunto, por qué los bancos internacionales y compradores de títulos del estado, le siguen prestando a un país que viene con presupuestos desfinanciados desde hace varios gobiernos.
Imagino que la respuesta está en los “altos intereses”, pues los gobiernos se las arreglan para pagarlos, castigándonos a los que pagamos impuestos con esos altos costos financieros. Y a los que no los pagan porque no trabajan o tienen negocios no declarados, también los castigan con no invertir en educación, salud y carreteras que sus familias necesitan. Y así, tal como alguien está esclavizado por muchos meses de los bancos con los pagos mínimos de sus tarjetas de crédito, estamos los salvadoreños pagando altos intereses a los acreedores del estado.
Fíjense estimados lectores, según las noticias del pasado jueves, el presupuesto para 2021 que presentó el ministro de hacienda por $7,453 millones, ya viene con un déficit de $1,342, es decir, que como para el 18% no se tienen fuentes de ingresos seguras, incrementarán más el endeudamiento, que por los índices crediticios de El Salvador, nuevamente, será una deuda muy cara que tendremos que pagar esta y la siguiente generación.
Mejor sería ahorrar la mitad del endeudamiento y bajar los impuestos para dinamizar la economía, se creen muchos puestos de trabajo y conseguir subir los ingresos en impuestos, por la otra mitad.
Esto es lo que se haría en las empresas del sector privado, donde sí se cuida el dinero y se trabaja para reducir el endeudamiento. En esta y otras crisis que vendrán, lo recomendable es recortar, racionalizar los gastos, eliminar los innecesarios y priorizar la educación y la salud, y como en otros países, facilitar y promover la creación de muchas empresas.
La clave es la aplicación de la ingeniería de la austeridad, la eficacia y la eficiencia, para reducir los costos, mejorar la calidad y la productividad. Así es que nuestro país puede crecer con menos o sin endeudamiento.
Crear más plazas y aumentar salarios no es razonable cuando en los sectores afectados por la crisis se sigue reduciendo empleos y restringiendo los incrementos de salarios, porque está claro que la recuperación será lenta y tardará varios años. La gente siento que lo está entendiendo y apretándose el cinturón.
Y en relación con el manejo fiscal, a falta de creatividad y experiencia, en internet encuentran lo que están haciendo otros países para recuperar y mantener la economía a flote y propiciar que las empresas afectadas por la pandemia se recuperen y creen empleos productivos, que sí pagan impuestos.
Austeridad, eficacia, eficiencia, reducción de costos, gastos innecesarios y transparencia, en lugar de más endeudamiento, son las claves para generar superávit y construir un mejor país.
Que pasen un buen domingo hoy primero de octubre que empieza el otoño.
Pedro Roque
Tal y como lo propones en tu análisis, los organismos e instituciones qué financian al gobierno se vuelven partícipes de la grave situación por la qué transita nuestro país, sin dejar de lado la responsabilidad de quienes al ejercer el derecho al sufragio, eligen a los gobernantes por razones distintas.